Sanciones administrativas: tipos, recursos y prescripción

Las sanciones administrativas son muy frecuentes en España. Según los datos oficiales, en 2023 se interpusieron 1.2 millones de expedientes sancionadores, de los cuales el 60% fueron por infracciones leves. La multa media impuesta fue de 350 euros, lo que supone un importante impacto económico para los infractores.

Si te encuentras en una situación similar, comprender las sanciones administrativas en España es crucial. En este artículo, vamos a explicarte qué tipos existen, qué recursos se pueden interponer contra ellas y qué plazo de prescripción tienen. Así, podrás conocer mejor tus derechos y obligaciones como ciudadano y evitar posibles problemas legales.

¿Te han avisado por una multa administrativa? Sigue leyendo para obtener información útil que te ayudará a defender tus intereses.

¿Qué son las sanciones administrativas?

Las sanciones administrativas son aquellas que impone la Administración Pública a los ciudadanos que incumplen alguna norma de carácter administrativo. Estas normas regulan aspectos de la convivencia social, como el orden público, la seguridad vial, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias o laborales. Se encuentran reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Características de las sanciones administrativas

  • Unilaterales: Se imponen por la Administración Pública sin necesidad de intervención judicial.
  • Son medidas punitivas: Buscan castigar al infractor por la comisión de una infracción.
  • Ejecutivas: Se ejecutan directamente por la Administración Pública, salvo que se suspendan por algún recurso.
  • Son recurribles: Se pueden impugnar ante la propia Administración Pública o ante los tribunales contencioso-administrativos.
  • Personales: Se dirigen al infractor responsable de la conducta sancionable, no a terceros.
  • Temporales: Tienen un plazo de prescripción, tanto para la falta como para la sanción.
  • Son graduables: La gravedad de la sanción se gradúa en función de la gravedad de la infracción.

Diferencias entre las sanciones administrativas y las penales.

Las sanciones administrativas se diferencian de las penales en que estas últimas se imponen por los tribunales de justicia cuando se comete un delito o una falta tipificados en el Código Penal. Los castigos penales tienen una mayor gravedad y pueden consistir en penas privativas de libertad e inhabilitaciones.

Las sanciones administrativas y las penales son independientes y compatibles, es decir, que se pueden imponer simultáneamente por la misma conducta, siempre que no se vulneren los principios de legalidad, proporcionalidad y non bis in idem (no ser sancionado dos veces por el mismo hecho).

¿Qué tipos de multas administrativas existen en España?

Las sanciones administrativas se clasifican en diferentes categorías según su gravedad y las consecuencias que conllevan, así como también pueden etiquetarse según el ámbito al que pertenecen, es decir, la materia que regulan. A continuación, se describen las más comunes:

  • Sanciones pecuniarias: Son las más frecuentes y se imponen por incumplir las obligaciones fiscales establecidas por la ley. Estos deberes pueden ser de carácter formal (como presentar las declaraciones o los libros contables) o de carácter material (como pagar los impuestos o las tasas). La cuantía de la multa varía en función de la gravedad de la condena, pudiendo oscilar entre unos pocos euros a miles.
  • Multas laborales: Impiden al trasgresor ejercer una determinada profesión o actividad durante un periodo de tiempo. Esto debido al incumplimiento de ciertas normas como la seguridad y salud en el trabajo, los derechos y deberes de las partes, las condiciones de trabajo, la negociación colectiva, etc. Las sanciones en este tipo de caso varían o se pueden aplicar otras medidas, como la pérdida de subvenciones o la prohibición de contratar con la Administración.
  • Privación de derechos: Implican la anulación temporal o definitiva de un derecho que ostenta el culpable. Mayormente esto va relacionado a cuando se infringen las leyes de tráfico. También abarca la prohibición de la entrada a un lugar en específico o varios. Las penalizaciones van desde la baja de puntos del carné de conducir, la retirada del permiso de conducción, o la inmovilización del vehículo.
  • Amonestación medioambiental: Consiste en faltar a reglas ambientales como la gestión de residuos, la contaminación atmosférica, acústica o lumínica, la protección de la biodiversidad, el uso de recursos naturales, entre otros. Igualmente se puede ordenar el cierre parcial o total de establecimientos que no cumplan con las pautas de seguridad, higiene y salud pública, así como demoler obras urbanísticas construidas ilegalmente. La multa va desde restauración del equilibrio ecológico, la revocación de autorizaciones, la imposibilidad de obtener ayudas públicas, entre otras.

Recursos contra las sanciones administrativas

  • Reposición: Es una medida de clase administrativa previa a interponer una apelación judicial. Se realiza ante el mismo organismo que dictó la sanción, solicitando que se revoque o elimine. Plazo para presentar: 1 mes desde la resolución administrativa.
  • Reclamación económica: Se presenta ante la Administración Pública que ha impuesto la sanción, solicitando la reducción o la anulación de la infracción. Plazo: 2 meses desde la notificación. 
  • Contencioso-administrativo: Es el paso judicial y última vía legal que se toma cuando la resolución de los principios anteriores no es aceptada. Plazo: 2 meses desde la desestimación de los recursos o 3 meses desde que se interpuso el recurso de reposición.

Prescripción de las sanciones administrativas

La Administración pública tiene un tiempo máximo para iniciar el trámite de sanción en contra de la persona multada. Si dicho período se pasa, ya no se puede imponer ni cobrar.

  • Infracciones leves: caducan al año.
  • Infracciones graves: expiran a los dos años.
  • Infracciones muy graves: quedan anuladas a los tres años.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no pago una multa administrativa?

Si no pagas una multa administrativa, la Administración Pública puede iniciar una causa de embargo para cobrarla. Esta diligencia puede incluir la retención de la devolución de la renta, el aumento de la deuda por intereses o la confiscación de tus bienes o ingresos.

¿ Cuándo se suspende la prescripción de una sanción administrativa?

  • Cuando el trasgresor se ausente del territorio nacional.
  • Cuando el infractor se oculte o dificulte el conocimiento de las actuaciones.

¿Puedo solicitar la anulación de una multa administrativa si he cometido un error de buena fe?

Sí, para ello, deberás acreditar que has actuado con premura y no has tenido intención de cometer dicha falta.

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