Abogados de función pública en Madrid

Para el recurso de alzada no es obligatorio, pero es donde se fija la discusión. Ante el juzgado, la ley permite al funcionario defenderse por sí mismo en las cuestiones de personal que no supongan su separación (artículo 23.3 de la Ley 29/1998). El opositor que todavía no es funcionario necesita abogado. En la práctica, un recurso mal planteado en vía administrativa condiciona el pleito posterior.

Sí, en muchos casos. La discrecionalidad técnica protege el juicio del tribunal sobre la calidad de un ejercicio, no los errores materiales, la falta de criterios de corrección, la valoración de méritos fuera de las bases ni la desigualdad de trato entre aspirantes.

Los servicios jurídicos públicos defienden a la Administración. En determinados casos prestan asistencia y protección jurídica al empleado público por actos realizados en el ejercicio legítimo de su cargo, pero nunca en un conflicto contra su propia Administración, que es justo el caso de una oposición, un traslado o un expediente disciplinario.

Sí. La vía administrativa y el procedimiento judicial son electrónicos, y trabajamos con funcionarios de cualquier punto de España, especialmente frente a la Administración General del Estado, cuyos órganos centrales tienen sede en Madrid.